Desde hace más de cuatro años, en la República Dominicana se han dado pasos importantes para fomentar que las instituciones contratantes adquieran bienes, servicios y obras con un enfoque integral, y que no solo prime la satisfacción particular por lo que se obtendría, sino que exista un valor agregado, tales como ventajas sociales y/o ambientales directas y palpables. Lo anterior posee un sustento constitucional, pues el Estado es responsable de garantizar que el gasto público sea racional y de promover una administración pública eficiente (numeral 6 artículo 75 de la Constitución dominicana), y para ello debe identificar las mejores alternativas que le permitan obtener mayor valor en todas sus inversiones.

Estas acciones, que de por sí buscan transformar la forma en que se ejecuta una contratación, han sido impulsadas por el Órgano Rector en materia de contratación pública nacional, la Dirección General de Contrataciones Públicas, que de conformidad con el artículo 36 de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones, puede gestionar políticas para la adquisición de bienes, servicios y obras.

Para la Red de Economía Alternativa y Solidaria de España, estas políticas motivan a un cambio de perspectiva, pues las entidades del sector público, además de elaborar una gestión más eficaz y eficiente de sus recursos, aumentan el impacto de sus políticas ambientales y sociales, convirtiéndose en ejemplo para la sociedad y en agente vehicular para la transformación del mercado a fin de enfrentarse a los desafíos del siglo XXI como el Cambio Climático, la mayor competitividad mundial o el aumento de la pobreza y la desigualdad.

Así, una de las primeras normas locales de soft law fue la Guía de Compras Sostenibles para la Contratación y Gestión de Eventos , mediante la cual se realizaron sugerencias que pueden ayudar a impactar positivamente el medioambiente al momento de realizar cualquier tipo de evento institucional, tales como: a) selección de lugares con iluminación natural; b) ponderar la aplicación de normas de gestión ambiental, de manejo de residuos sólidos o de eficiencia del consumo energético; c) evitar el uso de envases foam y/o plásticos no reutilizables; d) emplear formas alternas de comunicar para no imprimir contenido institucional, y e) incluir, en un punto de alto tránsito, contenedores clasificados según el tipo de residuos sólidos.

La segunda guía se realizó para alentar el ahorro de papel a partir de que, solo una resma representa más del 5 % de un árbol . Además, cifras proporcionadas por Ministerio de Industria y Comercio y Mipymes citando al Banco Central de la República Dominicana apuntan a que, en el año 2022, las ventas totales por la fabricación de productos de madera, papel y cartón crecieron más de un 13%, llegando a un total de treinta y nueve millones trescientos setenta y tres mil quinientos pesos con 00/100 (RD$39,373,500.00). Asimismo, la fabricación de papel y cartón excepto envases aumentó un 12.7 %, y la fabricación de artículos de papel y cartón para uso doméstico, un 7.8%.

Por consiguiente, ante una industria en apogeo, es más que necesario poner en práctica mecanismos en la adquisición de estos bienes que ayuden al medioambiente. En efecto, esta guía explica las características y/o atributos de cada papel con la finalidad de que la contratación sea cónsona con la necesidad institucional, y no se adquiera un papel “regular”, sino aquel que sea el apropiado y óptimo. Así, por ejemplo, se determina que el grosor de un papel para factura es diferente al que se utilizaría para una impresión.

De igual modo, se desarrollan sus tipos, y con ello su origen, para así conocer de antemano cuál es el proceso de creación, en vista de que el papel de fibra virgen, podría ser una opción menos amigable que el ecológico, pues este se produce con mayores criterios de sostenibilidad.

Además, la referida guía pone a disposición de los actores de las instituciones contratantes (en especial unidades de compra, peritos y Comité de Compras y Contrataciones) varias certificaciones que acreditan que un papel puede estar avalado como un producto: i) sostenible (tanto por su origen como por su consumo), ii) reciclable o reutilizable, y iii) está libre de tóxicos.

El tercer instrumento relacionado con las compras estratégicas nacionales busca reflejar un impacto social y sensibilizar sobre las condiciones físicas que deben cumplir las estructuras estatales, más aquellas que reciben un alto flujo de personas, tales como las escuelas y hospitales. La Guía Práctica Compras Públicas Accesibles se concentra en fomentar la accesibilidad de las personas que padecen alguna discapacidad, tomando como punto de partida la Ley Núm. 5-13 sobre Discapacidad, y su principio de accesibilidad universal.

Por ello, a partir de la norma NORDOM 779 del Instituto Dominicano para la Calidad sobre accesibilidad del medio físico, se determinan las condiciones mínimas de las edificaciones para superar los estándares de accesibilidad y con esto permitir que, a pesar de las limitaciones, todas las personas puedan utilizar las estructuras públicas de manera adecuada.

Por último, el 24 de octubre de 2022, el presidente de la República emitió el Decreto núm. 617- 22 que declaró de interés nacional la promoción de las compras públicas sostenibles e inclusivas, con la finalidad de que las instituciones del Estado adquieran bienes, servicios u obras que generan menor afectación sobre el medio ambiente. A partir de este decreto surgió la Política de Compras Verdes. Por un gobierno más sostenible.

Este documento incorpora el principio de valor por dinero que posteriormente se ratifica en el Reglamento de Aplicación de la Ley núm. 340-06 y sus modificaciones, dictado mediante el Decreto núm. 416-23, y tiene como fin que las instituciones contratantes examinen con mayor rigor la calidad y sostenibilidad de las ofertas. Para ello, en su artículo 8 explican los elementos para comprobar la sostenibilidad: i) económica; ii) social; iii) medioambiental.

Asimismo, posee un desglose de las buenas prácticas para cada una de las etapas que componen el ciclo de la contratación, y se especifican las cláusulas referentes a la responsabilidad ambiental que, con carácter obligatorio, deben indicarse en el contrato público.

Por todo lo expuesto, es posible afirmar que la regulación de las compras estratégicas en la República Dominicana es robusta, en tanto que existen diversas normas de derecho blando que, de una forma u otra, dotan a las instituciones de las herramientas vitales para ejecutar contrataciones con valor social y medio ambiental. No obstante, el hecho de que existan no garantizan, por sí solo, que se cumpla la finalidad que se quiere lograr adjudicar una propuesta que genere valor por dinero.

Quizás el próximo paso no tiene que ser implementar una nueva norma con base en técnicas innovadoras para impulsar las compras estratégicas, sino focalizar como aquellas unidades de compra que poseen un porcentaje importante en la inversión anual en la contratación de bienes, obras y servicios, hacen suya las referidas directrices dadas por el Órgano Rector, y así se realiza un salto cuantitativo en las adjudicaciones de los diferentes tipos de contratos.

Para ello, resulta imprescindible el empoderamiento específico y particular de las instituciones contratantes, en la que esa persona que realiza la solicitud de contratación conozca, quizás desde el momento en que se esté planificando el Plan Operativo Anual, por el cual nace el Plan Anual de Compras, que no es solo “licitar el catering, contratar el hotel o requerir diez resmas 8 ½ x11”, sino que existe la posibilidad de obtener el referido bien o servicio, y a la vez dejar un impacto social y/o eco amigable en el medioambiente. El paso anterior podría constituir el preludio de más requerimientos técnicos (ambientales o sociales) en las bases de la contratación y/o un aumento en las pautas y el criterio de evaluación técnica y adjudicación. Pero, para esto es preciso conocer como mi necesidad institucional que, en algunos casos se requiere con cierto nivel de prontitud, se obtiene bajo este “nuevo esquema”.

Si se logra humanizar los preceptos ya citados sobre las compras estratégicas, habrá un resultado directo en la elaboración de los pliegos de condiciones y en los términos de referencia, y siendo esta la base que regula la contratación desde antes de la convocatoria hasta el gerenciamiento del contrato, se puede inferir que se logarían más adjudicaciones basadas en criterios ambientales o sociales.

Para lograr lo planteado, el equipo de trabajo que gestiona la contratación, de manera muy especial los peritos, juegan un rol trascendental. Dicho esto, debería ser innegociable que su designación se sustente en los criterios de competencia, experiencia en el área y conocimiento del mercado, pues como expertos en la materia son los más apropiados para examinar, objetivamente, como se implementan los criterios técnicos expuestos y que estos elementos no sean un impedimento para obtener el objeto contractual.

En conclusión, las disposiciones vinculadas con las compras estratégicas han marcado un hito en la contratación pública local. Incluso, fruto de la Política de Compras Verdes. Por un gobierno más sostenible, en el año 2023 fueron premiadas siete instituciones públicas debido a que incluyeron criterios de la referida política en sus procesos de contratación. Además, datos suministrados por el Órgano Rector refieren que en ese período: i) más de 60 instituciones habían publicado un proceso de compra verde; ii) se ejecutaron 335 procesos relacionados con la sostenibilidad, y iii) fueron adjudicados RD$ 226 millones de pesos .

A pesar de ello, y fruto de este breve análisis ex post, tal vez corresponda que los actores claves ponderen esa “milla extra” y así aportar a un cambio reflexivo para poco a poco, y sin ignorar la realidad de la gestión de la contratación estatal desde adentro, se incorporen más criterios sociales y ambientales. Esto más temprano que tarde, permitirá normalizar el uso del principio de valor por dinero como un elemento integral y transversal de la contratación pública dominicana.