La contratación pública ya no puede limitarse a satisfacer una necesidad puntual del Estado: debe aspirar a generar valor en múltiples dimensiones. En la República Dominicana, los últimos años han marcado un giro hacia un modelo más estratégico y sostenible de compras públicas. Este artículo analiza los principales instrumentos normativos, avances institucionales y desafíos que enfrenta el país para consolidar un enfoque que combine eficiencia, impacto social y responsabilidad ambiental.

Las compras y contrataciones públicas han experimentado avances significativos en los últimos años a raíz de la implementación de nuevas prácticas digitales, todo con el propósito de aumentar la eficiencia, transparencia, competitividad e igualdad en los procedimientos de adquisición de bienes, servicios y obras por parte del Estado Dominicano. Estas acciones innovadoras, alineadas con los principios constitucionales y las mejores prácticas en la materia, contribuyendo al crecimiento económico y a la modernización gubernamental, sin embargo, se enfrentan a grandes desafíos productos de las nuevas tendencias tecnologías carentes de barreras.

En la República Dominicana, el transporte público está viviendo una transformación sin precedentes. Con la implementación del sistema de recaudo electrónico, no solo se modernizan los métodos de pago, sino que también se sientan las bases para una movilidad urbana más eficiente, segura e inclusiva. Esta evolución tecnológica va más allá de la comodidad del usuario: impacta directamente en la forma en que se gestionan los recursos, se planifican las rutas y se mide la calidad del servicio.

El fideicomiso es una figura antigua del derecho comparado que encontró su asimilación en la República Dominicana a partir del 2011. Sin embargo, en lo que concierne al fideicomiso público, existe poca literatura y experiencia internacional. En nuestro país, por el contrario, los primeros experimentos con fideicomisos públicos se dieron en el 2018 con la creación de unos tres; encontrando su auge en los últimos cuatro años donde actualmente existen más de veinte fideicomisos creados por el Poder Ejecutivo a través de alguna entidad pública.

La contratación de medios de comunicación para difundir publicidad del gobierno es un tema controversial más allá de República Dominicana debido a que los Estados pueden disponer de cantidades ingentes de fondos públicos para estos contratos y beneficiar a quienes controlan la prensa, a los influencers y a los que hacen opinión pública en general, situación que hace recordar un refrán popular mexicano que habré escuchado en la televisión y no necesita mayor explicación, pues dice: “El que paga el mariachi elige la canción”.

Con la apertura del OBCP-RD continuamos aportando y comprometidos con el desarrollo socioeconómico del país, acercándonos a la optimización del uso de recursos, pues no solo será un espacio de opinión y monitoreo, sino que también se aspira a que sea una colaboración estratégica con los diversos actores de la actividad contractual pública y que fortalezca el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCCP).

Para la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) de la República Dominicana y el Centro de Estudios e Investigación en Contratación Pública (CEICP), es más que un placer ser parte del Observatorio de Contratación Pública (OBCP), pues esta alianza representa un paso significativo para fomentar la transparencia, eficiencia e integridad en la gestión pública. 

La Administración Pública, con el fin de adquirir bienes, servicios y obras de proveedores privados para atender el interés general y las necesidades colectivas, debe seguir una serie de procesos y procedimientos formales que, en conjunto, se denominan compras y contrataciones públicas.